Corrupción en Madrid (I)

En enero del 2009 el periódico El País pondría al descubierto una supuesta trama de espionaje gestada desde el seno de la Comunidad de Madrid, orientada a seguir los pasos de adversarios directos de Esperanza Aguirre como el vicealcalde Manuel Cobo (hombre de confianza de Alberto Ruiz- Gallardón que compitió con Aguirre por la presidencia del PP de Madrid en 2004), el ex vicepresidente y ex consejero Alfredo Prada (que rompería con la presidenta para unirse al equipo de Mariano Rajoy en su actual etapa como líder del Partido Popular) y el ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta, todo ello en medio de la disputa por la presidencia de los populares en el verano del año anterior.

Entre los personajes espiados también se halla Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y brazo derecho de Esperanza Aguirre, y Mª Carmen Rodríguez, diputada del PP. Además el periódico de PRISA, apuntó hacia el consejero del interior Francisco Granados (tercer cargo en importancia dentro del gobierno regional) y parte de su grupo político, como presunto responsable de los seguimientos. La cabeza de tres de los aparatos paralelos de vigilancia serían: Sergio Gamón (director del área de seguridad), Enrique Barón (director general) y Marcos Peña (asesor de seguridad).

Así mismo, la cadena SER informaría acerca de posibles casos de corrupción en la administración de bienes públicos y concesionados como el canal de Isabel II, responsabilidad de González, de quien se dieron a conocer por el diario Público dossieres de sus propiedades, así como de algunos de sus hombres, como su número dos en el manejo del canal, Idelfonso de Miguel. A todo ello se sumó la nota que puso al descubierto el cambio de número de móvil cada 15 días entre los altos cargos de la Comunidad a raíz de la desconfianza que habría en el círculo de Aguirre.

Después de ventilarse dichas exclusivas, el diario El Mundo vincularía tal información a la disputa por el manejo de Caja Madrid, importante entidad financiera asentada en la capital española, entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, al estarse decidiendo paralelamente cambios en su órgano de dirección. Además ambos personajes han estado abiertamente enfrentados, por la pugna por el poder dentro del Partido Popular, al perfilarse el alcalde de la capital como posible sucesor de Mariano Rajoy.  

Rajoy fue señalando también como enterado de las investigaciones previas por corrupción, que le fueron dadas a conocer en 2006,  por el ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta sobre el vicepresidente Ignacio González y el consejero del Interior Francisco Granados, de las cuales avisaría a Aguirre para que fueran aclaradas sin iniciar ninguna acción legal. Publicados estos datos, personas relacionadas a Ruiz-Gallardón y Rajoy asegurarían que se trataba de un contraataque orquestado a través de filtraciones al medio de Pedro J. Ramirez, leal a su causa, con la finalidad de compartir las facturas del escándalo y forzar al acallamiento de los ataques.

Esperanza Aguirre ha negado una y otra vez que se encuentre implicada en temas de espionaje o corrupción, respondiendo por sus colaboradores y aseverando que sólo se trata de golpes políticos hacia ella y su equipo sin ningún fundamento. Aguirre incluso llegó a acusar directamente al Gobierno y al antes ministro Alfredo Pérez Rubalcaba. Sin embargo, la presión de la opinión publica obligaría al Partido Popular a abrir un expediente de investigación a cargo de su secretaria general y ex colaboradora de la presidenta autonómica en la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, María Dolores de Cospedal. Frente a ello, Aguirre se vio orillada a reaccionar colocando el tema ante los tribunales y dando luz verde a una comisión investigadora en la Asamblea de Madrid, aunque teniendo a la cabeza a un representante de confianza del PP y siendo más los integrantes de dicho partido al echar mano de su mayoría absoluta, lo que propició, incluyendo los estrechos márgenes de plazos y facultades, airadas protestas de la oposición.